En marzo de este año [2021], el empresariado catalán lanzó un ultimátum al independentismo recién reelegido. Bajo el título de ja n’hi ha prou (ya basta) reclamaron “centrarse en la recuperación”, “responsabilidad política” y un “apoyo total a los cuerpos de seguridad” frente a los “actos vandálicos que comprometen el futuro de Barcelona y de Cataluña”.
Enigmáticamente, los firmantes eran las mismas patronales y cámaras de comercio (Pymec, FemCat, Foment, etc) que apenas siete años antes arroparon entusiastas la revoluciónconvergente y su campaña por el derecho a decidir.
La pregunta obvia para poder entender la última década de Cataluña es, por tanto:
¿Por qué empresarios bien formados y con el dinero como principal meta en la vida apoyaron el predecible harakiri independentista? ¿Por qué se equivocó un sector que rara vez se equivoca en las cuentas? ¿Qué esperaban ganar? La respuesta está clara a estas alturas: ni se equivocaron ni han perdido.
Mayo de 2014. Apoyo empresarial al procés (La Vanguardia)
La respuesta aparecía ya agazapada, por ejemplo, en aquella entrevista de Jordi Évole a Sandro Rosell en 2020 en la que el empresario se declaraba independentista en la misma frase en la que aseguraba que se iría de una Cataluña independiente. Évole no profundizó en ello igual que no profundizó con Pujol en aquella entrevista clave de marzo de 2012 en la que el patriarca se reveló como independentista y Évole olvidó preguntarle por las ITV de su hijo. Pero Rosell sí estaba siendo claro: La cosa no iba de independencia sino de aparentar desearla, de llorar por ella.
El diputado número 3 de JxCat y presidente de la cámara de comercio, Joan Canadell, anunciando gratis su Maskcat en un informativo de TV3.
¿Porqué esta impostura empresarial? Pues porque estaba en juego el control total del flujo de dinero público en Cataluña, es decir, el derecho a decidir contratas y concursos sin el engorroso control del sistema judicial español. Eso es lo que intentaron tanto el Estatut de 2006 como las leyes de septiembre de 2017. Intentaban regresar al paraíso franquista que disfrutaron muchos de sus padres. Lo que eufemísticamente conocemos como "una mejor financiación para Cataluña". El trágico win-win que desencadenó el procés sobiranista fue que los socios convergentes para esta excitante empresa justo andaban necesitados de tapar urgentemente sus pecados. En 2014, la corrupción era ya el segundo mayor problema para los catalanes y la justicia daba señales de que llegaría hasta el fondo, como con Rato y con Gürtel.
La motivación del pequeñoburgués catalán nunca ha sido disponer de un engorroso estado, un juguete tan complejo y sucio, sino labrarse la impunidad en el que ya tienen. Si algo ha dejado claro esta década es que aquí nadie tiene idea ni interés alguno por saber qué es un estado. Desde la transición, Pujol había dejado muy claro que lo de recaudar impuestos no le rentaba, que lo que anhelaba era controlar el flujo de las subvenciones y los contratos públicos, el río en el que mejor se pesca. Además, con el cuento de "construir la nación", parecería natural que una formación presuntamente liberal como Convergencia no hiciese más que engrosar el gasto público y el pesebrismo. Había que domesticar a TV3, a la cultura, la prensa, la lengua... Hacían falta consells comarcals, diputaciones, vegueries, fundaciones, entes público-privados, sanidad concertada, educación concertada, prensa concertada... Los felices 2000. El gasto 'nacional' crecía como una pirámide Ponzi: cuantos más adeptos cobraban del erario, más capacidad de captar nuevos adeptos, más votos, más escaños y más competencias se conseguían de Madrid para agrandar el comedero. Hasta que en 2012-2014, con la crisis, con las protestas del 15M y con la justicia pidiendo ya explicaciones, la pirámide tocó fondo y tocó ser imaginativos.
La fantasía compartida por convergentes y empresarios era una nueva ‘financiación’ que no rindiera cuentas al gobierno central y que fuera supervisada solo por la justicia local. Eso pretendía el Estatut antes de pasar por el Tribunal Constitucional en 2010 (arts. 97 y 98). Un módico 3%, 4%, 10% aseguraría ganar cualquier concurso sin necesidad de esos pesados controles estatales. Al fin libres de tanto pitufeo y tanto fraccionamiento de contratos, que no saben la de tiempo que consume todo eso. El procés prometía dejar en poca cosa el desmantelamiento y reparto del sistema sanitario que practicó Mas.
Bien, pues ese establishment catalán ha ganado.
Por un lado, a esa élite política tradicionalista representada por JuntsxCat y ERC no le ha ido mal. Ha conseguido estirar diez años más su control sobre la Menjadora (el Comedero de dinero público, aka abrevadero). Pero ojo, porque no aceptarán perder ese control, sus padres, no lo olvidemos, vivían aún mejor con Franco. Para ellos la democracia solo es buena si su bolsa suena. Saldrán del armario totalitario en la medida en que pierdan ese poder. Se aliarán con la ultraderecha española en cuanto les salga rentable, como sucedió en la II República con la Lliga.
Por otro lado, el verdadero motor del procés, el empresariado, también han ganado. Aunque no se hayan librado de la opresión auditora española (gracias a que el Estatut fue cepillado) han ganado diez años extra en los que su gente sigue repartiendo los 40.000 millones de euros de la Generalitat. Estos lo tienen muy claro, si el negocio se pone feo harán como anunciaba Rosell: irse a otra parte, que en todas partes cuecen habas.
Adivinen entonces quién pierde.
Cataluña (y peor: Barcelona) seguirá en declive porque aquí sigue todo tapado por la estelada, sigue sin producirse un debate sobre la educación, ni sobre la privatización sanitaria acometida por los recortes de Mas-Colell, ni sobre cómo conseguir un plan de financiación más transparente para el conjunto del estado, ni sobre cómo incorporar a esa media Cataluña ignorada e insultada por el procés. Seguimos, 10 años después, sin saldar cuentas con nuestros corruptos, esto se ha delegado en el estado mientras se le acusa de perseguir al nacionalismo... Ni los medios locales actúan, anestesiados con subvenciones y publicidad procesista, ni la sociedad civil protesta, temerosa de ser incluidos en la lista de traidores. Todo lo real se sigue debatiendo y solucionando en otras partes y los catalanes cada vez lo contemplamos desde más lejos.
Que decida el pueblo. El referéndum es el viejo mantra populista que nadie se atreve a refutar porque te pueden llamar antidemócrata, ese insulto tan de actualidad. Pero es el fruto de una profunda incultura democrática. Ejercemos la soberanía popular votando nuestras cámaras representativas, como cualquier democracia respetada del mundo, mientras que los referéndums no han sido nunca señal de salud democrática, sino el arma tradicional de los dictadores. Franco convocó dos para blanquear sendas leyes radicalmente antidemocráticas. La razón de ser de la democracia es justamente evitar que una mayoría del 51% pueda cambiar las reglas del juego. Eso ha hecho nuestra democracia estable, exigir un consenso amplio de los representantes para los cambios estructurales complejos. Por eso los referéndums son, en general, muy mala idea. En dictadura legitiman al dictador y en democracia deslegitiman a las cámaras representativas.
Pero existe una idea aún peor que un referéndum: un referéndum ilegal.
Voy a contar la alucinante historia de cómo una votación ilegal acabó con la democracia griega hace 2425 años.
En 406 a.C. la flota ateniense libró la batalla contra los espartanos junto a las islas Arginusas, frente a la actual Turquía. Entre el combate y las condiciones climáticas, veinte de sus naves naufragaron. La tormenta hizo imposible socorrer a los supervivientes y a los 8 generales atenienses no les quedó más remedio que refugiarse en el mismo puerto que su enemigo, es decir, enfrentarse a una batalla final a la vez que renunciaban a recuperar los cuerpos de sus 5000 náufragos.
La batalla la ganaron, pero en Atenas la tragedia causó un enorme dolor entre las familias de los náufragos. Un movimiento popular exigió a los generales responsabilidades por el abandono. Aunque el órgano competente, el Consejo (Boulé), juzgó que la decisión había sido prudente y les exculpó, en la calle solo se oía a los que exigían que fueran juzgados de nuevo por la Asamblea, es decir, en una suerte de referéndum, aun sabiendo que eso era contrario a la legalidad. Era ilegal porque la Asamblea de Atenas estaba formada por todos los ciudadanos varones y se requería una presencia de al menos 6000 de ellos, por lo que era un órgano incapaz de interpretar la ley y llevar a cabo un juicio, por eso existía el Consejo o Boulé. Pero muchos miembros de la Asamblea se sumaron a ese deseo de saltarse la ley para obtener una 'justicia' paralela e inmediata.
El dolor por la pérdida de tantas vidas era tan extendido en Atenas que nadie se atrevió a condenar esta petición de un segundo juicio contrario a la ley. Bueno, alguien sí. El consejo lo formaban ciudadanos escogidos al azar pero por una rara casualidad histórica uno de ellos resultó ser Sócrates, el único que defendió el juicio legal y negó la competencia de la Asamblea para juzgar a los generales, pese a haber serias amenazas de que podría acabar como ellos. Sócrates salvó el pellejo aquella vez, pero la Asamblea decidió juzgarles en referéndum:a mano alzada entre todos los ciudadanos presentes.
La voluntad popular sentenció pena de muerte para los generales. Fueron ejecutados.
Pero al poco tiempo de su ejecución, los atenienses se dieron cuenta de que habían perdido a sus 8 generales más valiosos y que nadie podría ya defenderles de Esparta. Los promotores del juicio ilegal fueron entonces perseguidos, pero ya era demasiado tarde. Dos años después de la dramática victoria ateniense en Arginusas, la ciudad se rindió a los espartanos, sus murallas fueron derruidas, y la guerra del Peloponeso llegó a su fin, junto con la democracia.
La democracia ateniense sucumbió pues bajo su propio populismo. Por eso hoy occidente vive en democracias representativas. Y por eso sabemos que la democracia es mucho más que votar y que precisamente el respeto a la legalidad de esas votaciones está por encima de todo.
Y por eso, cuando Podemos, el independentismo, o Vox quieran imponer sus referéndums no en base a la legalidad ni a una decisión del Congreso, sino en base al ‘sentir popular’, hay que ponerse en alerta y recordar Arginusas.
Nuestros políticos deberían también recordar que el populista responsable de la votación ilegal de Atenas, Calixeno, que huyó antes de ser juzgado, acabó regresando a Atenas tras una amnistía pero murió de hambre, despreciado por sus conciudadanos que supieron reconocer, demasiado tarde, quién les llevó a la tiranía y la decadencia.
Para salir de la espiral en la que nos han metido hay que entender en qué momento se nos escapó el ‘relato’ a quienes sabíamos que el proyecto nacionalista solo podía conducir a la ruptura de la ley, la división entre catalanes y la violencia que ya asoma la patita. La respuesta es compleja y resbaladiza pero se titula sin duda Dret a Decidir, derecho a decidir.
Varias generaciones de catalanes hemos crecido bajo la presunción del dret d’autodeterminació. Cuestionarlo es tabú y por tanto ni se ha discutido ni hemos oído más explicaciones que la de un supuesto derecho natural colectivo, una unción del poble, una especie de legalidad mágica paralela. Nadie nos ha explicado que los derechos son leyes escritas y aprobadas por órganos legislativos y que los derechos colectivos divinos o innatos no existen, sino que los garantiza una legalidad, la del lugar donde has tenido la suerte (o no) de nacer. Por ejemplo: no naces con el derecho a votar ni a circular por la izquierda, sino que el primer derecho te lo da la ley (española) cuando alcanzas los 18 años. Y el segundo te lo quita también el Estado porque sí, sin ‘fascismos’. Las personas no somos soberanas, no tenemos derecho a decidir porque estamos sometidos al famoso contrato social. Ni siquiera cedemos voluntariamente nuestra soberanía a las instituciones: Nacemos con esa soberanía ya cedida, nos guste o no, aquí y en Suecia. Por eso no podemos independizarnos de nuestra comunidad de vecinos (firmaste un contrato) ni orinar en la acera. Sí puedes formar un partido que defienda que eso es lícito, claro. También puedes votar a un partido que crea que quemar 1035 contenedores es un uso legítimo del derecho de protesta. Pero por fortuna los ayuntamientos tampoco son 'soberanos' y rinden cuentas al poder judicial y al ejecutivo.
Todo esto pueden parecer perogrulladas, pero es que en el fondo nuestro problema es una profunda falta de cultura democrática que yo no veo ni en otras partes de España ni en gran parte de Europa. Los que hemos crecido con una sensibilidad de izquierdas (es decir, de blindar los derechos de los débiles) no hemos sabido transmitir que si tenemos derecho de huelga, de expresión o de casarnos con alguien de nuestro mismo sexo no es por naturaleza, sino porque muchos (españoles) se mojaron para exigir leyes (españolas).
El derecho de autodeterminación (invento nacionalista que la propia ONU ha tenido que desmentir) nunca ha sido legislado, en ningún país. Ni se le espera, porque justamente contradice el principio de soberanía en que se basa cualquier sistema legal. Por eso tampoco en la “Constitución” de la República Imaginària de Catalunya ni en la Llei de Transitorietat se estableció mecanismo alguno para que las provincias o comarcas de Barcelona y Tarragona se autodeterminaran.
Un independentista estándar te dirá que él también lucha para cambiar la ley, pero si le explicas que para reformar el Estatut necesita dos tercios del Parlament y que si además precisase reformar la Constitución necesitaría dos tercios del Congreso te contestará que eso no pueden y que es injusto porque su poble (pero aquí pueblo ya es la palabra que designa sólo a los fieles, en contraste con ‘ciudadanía’) es soberano. Creen que es soberano porque efectivamente dentro de su ‘poble’ sí alcanzan los dos tercios. Y hasta los ocho novenos, claro!
En definitiva, el pisoteo de las instituciones del independentismo se basa en un ‘derecho’ no se sabe si histórico, natural o divino de un subconjunto mal definido de los catalanes. Ese es el bucle del que la izquierda no ha sabido escapar. La izquierda catalana, particularmente, sigue sin combatir esa terrible interpretación de la “soberanía popular” como el derecho a decidir de cualquiera que se autoerija en ‘pueblo’. Algo propio de la anarquía y de la adolescencia, pero contrario a la Internacional que sabía bien que Ley y Justicia son el arma del débil.
Por eso pienso que un eslabón fatal muy subestimado en la cadena que nos ha traído hasta aquí fue el día en que el nacionalismo arrinconó para siempre a ICV con una declaración de soberanía que anunciaba que el ‘derecho’ pertenecía a su ‘poble’, es decir, a los adeptos al régimen nacionalista. Fue el 23 de enero de 2013. Tampoco el PSC ha sabido explicar bien por qué el pueblo soberano solo puede ser el que pone en ese contrato social del que emana lo que somos: la Constitución. Y tampoco la derecha española, que sí evitó la trampa, ha sabido explicarlo, en su caso por falta palmaria de proyecto y de fe en la política.
Lo que no hemos sabido defender frente a la falacia de la “soberanía del pueblo que yo diga” es que, salvo que queramos una catástrofe, el futuro habrá que construirlo a partir del estatus y la legalidad actuales de un país, España, del cual Cataluña fue cofundadora y por tanto corresponsable. Lo que quiera que fuera Cataluña en el siglo XV o en el XIX, fue parte de ese pacto social tan fructífero que la sacó de la edad media y nos ha hecho una de las regiones más prósperas de Europa. De momento.
Sin duda España ha tenido periodos en los que no parecía valer la pena formar parte de ella, como Cataluña o Alemania. Lo que no se puede es romper unilateralmente un contrato cuando la empresa no funciona. Nos condena al caos por su ilegalidad y por su inmoralidad. Esto es lo que nadie explica con claridad por miedo a ser tachados de ‘fascistas’ por quienes practican o justifican la violencia o derogan nuestras leyes fundamentales (aprobadas por un 86%) para imponer las suyas (47%).
Cuando se explique bien qué ciudadanía tiene derecho a qué y por qué, entonces se entenderá automáticamente por qué el no-referéndum del 1-O fue un profundo ataque a la democracia y por qué el 27-O fue un simulacro de golpe. Y por qué el Dret a Decidir solo pudo conducir al Dreta Decidir. Derecha decidir.
El nacionalcatolicismo catalán se ha perpetuado en el poder 44 años más allá de la muerte de Franco. Aquí explico por qué el rotundo éxito del procés en prolongar esa hegemonía le ha salido tan caro a algunos de sus líderes. Reconstruyendo la cronología de los hechos, muestro que, atrapados en su propia subasta patriótica, buscaron repetidamente la suspensión de la Autonomía (artículo 155 CE) con el único objetivo de victimizarse y mantener su control político. El fracaso de ese plan les llevó a buscar una tragedia sin precedentes con el referéndum del 1-O. La cordura de sus propios seguidores y de los mandos policiales lo evitó.
1. Cuándo comenzó el procés
Según el mito difundido por sus propios creadores, el Procés empezó con la sentencia del Estatut. La realidad, sin embargo, es tozuda: El Estatut no fue una demanda social, sino una iniciativa top-down del PSC para pujar contra el nacionalismo durante el tripartito, por eso apenas un 36% del electorado se acercó a la urnas a votar que sí en 2006. Y por eso la manifestación contra la sentencia del TC de 2010 no fue independentista, solo un sector minoritario de CDC y los ultras del momento como Heribert Barrera aprovecharon para gritarle 'xarnego' al presidente Montilla. Es más, en las elecciones de 2010, 5 meses después de la sentencia, los partidos independentistas obtuvieron tan solo 14 escaños. Y muy revelador: el 11S de 2011 reunió apenas a 8.000 independentistas en Arc de Triomf.
La realidad, por tanto, es que el Estatut fue apenas una puja más en la vieja subasta identitaria con el pujolismo (lo cuentan Barrio y Field, 2018) y que la espiral soberanista fue principalmente promovida desde las cúpulas de los partidos, como mostraré a continuación, no desde las bases ni el electorado. La sentencia del Estatut no explica por tanto ni el procés ni el boom independentista.
Parlament, 2005, la izquierda entra en la puja identitaria.
Maragall: Vostès tenen un problema, es diu 3%.
Mas: Hem de fer coses molt importants [l'Estatut]. Retiri aquesta expressió.
Maragall: Honorable senyor diputat, accedeixo a la seva demanda.
Pujol ganó las elecciones de 1984 encausado por el Banca Catalana, defendiéndose con la famosa frase: "con Cataluña no se juega". El caso acabó sobreseído.
Alternativamente, se podría marcar el inicio del procés en la impunidad del Caso Banca Catalana, en 1984, lograda bajo la amenaza de Pujol de levantar las calles contra la incipiente democracia española. Aquella impunidad dio carta blanca a Pujol para acometer su plan de catalanización en los 90, el Plan 2000, que propugnaba en realidad la infiltración nacionalista en la sociedad. Una campaña electoral eterna que fue tolerada por todo el espectro político y social en razón de un victimismo post-franquista muy bien cultivado por Convergència y Òmnium. Curioso que la sociedad catalana (como la española) comulgara con este cambio de bandera del nacionalcatolicismo catalán patrocinado por una asociación, Òmninum, legalizada por el franquismo en 1967, 10 años antes de que el resto de los españoles lográramos el derecho de manifestación y asociación sindical.
Otro inicio posible del procés podría ser el afloramiento de casos de corrupción en 2002 (casos Pallerols, Ferrovial) por el cobro de comisiones por CDC que ya era vox populi. El único que lo denunció en público fue Pasqual Maragall, “vostés tenen un problema”, retractándose ipso facto precisamente porque ya había entrado en la puja soberanista y tenía que negociar el Estatut. Hubo que esperar otros 6 años a la mayor crisis económica de la democracia para volver a tratar el tema del 3%.
Toda esa cronología la resumí anteriormente. Pero aquí me centraré en lo que hoy llamamos procés, el de esta década. Y el momento de su inicio es tan revelador como mal conocido.
2. Qué convierte al independentismo en mainstream
Aunque no lo supimos hasta mucho más tarde, la deriva independentista del nacionalismo catalán se empezó a urdir ya a finales de 2011. Se sabe, por ejemplo, que Pujol la planeó con su familia y su partido en 2011, aunque no la publicitara hasta marzo de 2012. Un buen ejemplo de la campaña que inició fue la entrevista que le hizo Évole a Pujol padre, en la que el entrevistador olvidó preguntar al entrevistado por la investigación que lleva más de un año abierta sobre su hijo y los delitos de las ITVs. Sí se dedican muchos minutos, en cambio, a explicar el nuevo independentismo del Molt Honorable President. Convergència funda entonces la ANC, también en marzo de 2012, apoyados con entusiasmo por ERC, entonces el 5º partido del Parlament. Sí, señores, el principal partido independentista emanado de las recientes elecciones era la quinta fuerza. En cuanto a CDC, ante el inminente embargo de bienes que le acechaba a causa de la financiación ilegal y de sus problemas judiciales, necesitaba un nuevo objeto de propaganda para mantener el poder y la inmunidad frente a los nuevos casos de corrupción (lo explicaba Guillem Martínez). Evidentemente, todo este proceso no va dirigido por una sola familia, sino que se sustenta en una cúpula convergente sobre la que ha actuado la selección natural dentro del partido durante las últimas décadas y que estaba ya mucho más radicalizada que sus bases (Barrio & Fields, 20018). En definitiva, un proceso top-down de libro muy bien disfrazado de movimiento popular. Finalmente, A. Mas se hace también independentista en julio de 2012 [1][2].
El contexto de estas súbitas conversiones de 2011 y 2012 es el siguiente: En España se habían destapado casos de corrupción como la Bankia de Rato o el Noos de Urdangarín (2010). En las calles crecía la presión reclamando justicia (#15MparaRato; #DemocraciaRealYa). Los Mossos de Felip Puig (conseller de Convergencia) aporreaban a fondo a los manifestantes del 15M y al asedio del Parlament y CDC envía a prisión 3 años a varios participantes por (dicho textualmente por el conseller Turull) intentar un golpe de estado. En toda Europa la justicia se estaba movilizando contra la evasión fiscal a raíz de la lista Lagarde. CDC, Oriol Pujol y tantos otros, ya sabían que se les investigaba por corrupción y evasión. La justicia ya había registrado el Palau en 2010 y conocía la financiación ilegal de CDC y las mordidas de las ITVs. El presidente Mas necesitaba un cambio de socio para tapar las vergüenzas (lo explica muy bien Fernandez-Teixidó) y para evitar que pasara lo que acabó pasando en el resto de España: la judicialización de la derecha. Así, Mas decidió en septiembre de 2012 cambiar al PP por ERC como socio político.
Por tanto, el procés nació de la combinación fatal entre la puja identitaria entre PSC y CiU y el acoso judicial a la Convergència de Mas que tan valientemente relató Jaume Reixach. Convergencia nombra a Oriol Pujol heredero de la corona de su padre en el congreso de Reus (marzo de 2012) y monta el escenario de la ANC. La opinión pública, tan castigada ya por la crisis, ve a esos líderes agitando la bandera y se sube al carro.
Fechas clave del procés y evolución de la opinión pública
Con estos preparativos y con la entusiasta colaboración de TV3 y los medios concertados de Cataluña, el 11S de 2012 reunió por primera vez casi medio millón de personas en una manifestación independentista.
3. La espiral identitaria atrapa al independentismo
Artur Mas convocó elecciones inmediatamente (noviembre de 2012) con la esperanza de recoger el entusiasmo sembrado, pero previsiblemente los votantes adoptaron el desafío indepe inclinándose por la versión original, ERC, y Mas perdió 12 de sus 62 escaños.
Artur el astut tuvo aquí dos opciones: 1) asumir su error y quizá volver a perder el Govern a manos de otro tripartito en unos años. O bien 2) doblar su apuesta-farol y radicalizar su mensaje aliándose con ERC y CUP. Al astuto, la alianza del pujolismo con la izquierdanacionalista le pareció la opción más inteligente.
El sinsentido de esta alianza hubiera quedado patente mucho antes si no fuera porque, en enero de 2013, la izquierda indepe y la izquierda complaciente hacen el regalo de su vida al pujolismo: una declaración de soberanía en el Parlament que le va a permitir liderar la performance reivindicativa durante años. "El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà". Comienza el universo paralelo del independentismo, el mandat popular.
Full de ruta de Mas, 2015, prometiendo la independencia en 18 meses
Pero como el farol del procés no se lo creía nadie fuera de Cataluña, para ganar las elecciones de 2015 (27S) fue necesario redoblar la apuesta de nuevo. En 2015, CDC rompió con Unió y se presentó junto a ERC con un programa netamente separatista y marcándose un plazo para una declaración unilateral de independencia de 18 meses. O conseguían el nuevo estado de Europa en 18 meses o se iban. Mucho después, algunos reconocerían el error de concretar un plazo, pero entonces, en 2015, el pujolismo necesitaba que el votante procesista creyera que tenía cartas. Todos en el soberanismo necesitaban que la partida de póker continuara, aunque enfrente nadie les creyera. Y consiguieron así una nueva prórroga de poder de dos años, es decir, dos años más repartiendo el pienso público en la Menjadora, el comedero catalán.
Está claro que todo esto no es suficiente y que no se entiende la deriva independentista de Convergència sin el apoyo del empresariado medio catalán, como siempre entusiasmado ante la posibilidad de poder influir a administradores públicos más débiles y más cercanos que los de Madrid. Pero ese es otro tema.
Para entender el resto de la evolución política del procés hace falta tener presente esto: La gran mayoría de líderes del procés jamás creyó posible, ni por tanto buscó, la independencia. Sabían que no puede ser, que no existe un camino transitable hacia ese escenario, que era un unicornio. Muchos seguramente no tuvieran claro ni siquiera si la deseaban, porque nunca se trató de eso. Salvo quizá algunos despistados en ERC y CUP, el resto sabía que simplemente no es factible, que no existe una ruta viable para hacer de Cataluña un nuevo estado de Europa. Lo del farol nos lo han explicado ya muchas fuentes. La Independencia era un objeto de propaganda, un entretenimiento del esplai indepe. Cuando el president culpaba a España del atentado de las Ramblas (mes y medio antes del referéndum fake), no pensaba realmente en una Cataluña independiente; era solo propaganda para exaltar a sus fieles, provocar desórdenes, ir a elecciones y mantenerse victorioso al calor de la autonomía. Puigdemont necesitaba una posición ganadora para las próximas elecciones autonómicas y su plan era el de siempre: el victimismo del nacionalismo catalán.
Puigdemont el día después del atentado, 2017
En los días anteriores al 6 de septiembre de 2017 nadie en el independentismo pensaba realmente en declaraciones unilaterales de independencia (DUI). Iglesias, Junqueras y Soler cenaron en casa del empresario Roures, aprovechando la manifestación contra el atentado del 17A en las Ramblas, para preparar las elecciones autonómicas tras el referéndum. Tanto en ERC como en la antigua Convergencia eran plenamente conscientes de que en algún momento había que acabar la farsa para evitar el ridículo. Pero, atrapados en su propia puja libertadora, todos evitaron ser los primeros en explotar el globo por motivos explícitamente electorales. Las grabaciones a Salvadó son inequívocas:
Salvadó (ERC) a Murcia y Junqueras (30 de agosto de 2017): "Cualquiera con dos dedos de cerebro sabe que no se puede proclamar la independencia" pero "me da pánico que si lo transmitimos así Elsa [Artadi y al PdCat] dirán que ni el Departament d'Economia ni Junqueras han hecho su trabajo". Junqueras responde: “Dí a Artadi lo que se
pueda decir, agenda y algo más. Pero el resto guárdatelo”
Tuits convocando el bloqueo al registro de la consejería, mezclando las llamadas a una 'actitud no violenta' con la 'defensa urgente de las instituciones' y de la 'democracia'.
Hasta aquí, los líderes tenían un control relativo de la situación, en el sentido de que podían manipular los deseos de su público. Pero sucedió que el crescendo de la impostura se volvió irreversible el día 7 de septiembre, se les escapó de las manos contra pronóstico. ¿Qué falló? Con las leyes de transitoriedad y del referéndum aprobadas ese día, el Govern buscaba aparentar una convocatoria oficial sin comprometerse judicialmente. El plan de Puigdemont con esa impostura (su plan A) era que le aplicaran inmediatamente el artículo 155 (supresión temporal de la autonomía) y, a ser posible, que le detuvieran para así ganar las elecciones autonómicas como víctima y tener una posición de fuerza para volver a negociar nuevos poderes incompatibles con la Constitución. Es decir, el mismo plan que le funcionó a Pujol 33 años antes. Este plan lo conocían independentistas como Jordi Graupera o los presentes en la cena de Roures. Con ese fin, el president llevaba meses demonizando ese artículo 155, siguiendo una estrategia que siempre ha funcionado con ese nicho electoral tan bien macerado en el Síndrome Calimero.
Pero el plan A falló porque en Madrid nadie movió una ceja, nadie reclamó el 155, incluso a la derecha le daba respeto suspender la autonomía. Y a ERC tampoco le convenía explotar el globo-farol. Además, las redes seguían inflando ese globo con ayuda de Rusia, Assange, Snowden... Sin 155, Puigdemont solo podía redoblar la provocación. No podía echarse atrás y convocar elecciones autonómicas porque supondría admitir el engaño y convertirse en el traidor y perder. Tampoco podía aceptar una votación tipo 9N, fuera de los colegios (como le propuso Rajoy), porque, en un escenario de final tranquilo, incluso el más pequeño de los delitos que ya había cometido (desobediencia) era suficiente para apartarle de la política. Así que sólo le quedaba una idea: convocar un referéndum ilegal y esperar que sus seguidores se volvieran locos y hubiera un desastre.
Como Puigdemont no tenía "ninguna ambición de mártir", lo admitió más tarde, no iba a comprometerse personalmente nombrando una junta electoral oficial para ese referéndum claramente inconstitucional. Por eso no la nombró y dejó la organización del referéndumen manos de voluntarios. Esta opción, además de ser segura para él mismo, parecía tener lógica para su penúltimo plan de escape, su plan B.
El plan B era conseguir un fracaso del referéndum, una catástrofe en forma de graves enfrentamientos violentos generalizados y con víctimas mortales que le permitiera ir a elecciones y a una negociación de nuevo con la legitimidad de la víctima. Es una afirmación grave, cierto, pero este plan B no es una elucubración. El propio exsecretario de comunicación de la Generalitat explicó que los líderes del farol necesitaban una reacción policial mucho mayor el 1-O. La planificación de tal escenario violento ya ha sido documentada en varios de los registros del 20-S. El documento Enfocats aparecido en el despacho de Jové parece que será la más benigna de las pruebas, en comparación con los "escenarios de guerra y guerrilla" aparecidos en el del secretario de Hacienda (J.L. Salvadó). Que los líderes independentistas deseaban respuestas violentas del estado es algo bien sabido en Cataluña: el propio Quim Torra proclamaba en 2011 que ojalá España nos envíe los tanques y así nos ganemos alguna simpatía. El jefe de campaña del procés, Oriol Soler, reconoce que en la cúpula se hablaba abiertamente de que el referéndum causaría muertes y de que podrían culpar al estado. Los cargos más altos de los Mossos han admitido en el Supremo que Puigdemont se jactó en varias reuniones del peligro de violencia y de que un 1-O violento, una "desgracia", le beneficiaba políticamente. Desgraciadamente, ni Trapero ni Ferran López ni Molinero explicaron esto a los catalanes antes de que sucediera, en lugar de dos años después ante un juez. Puigdemont decía también que esa "desgracia" le serviría para "declarar la independencia" pese a que nadie sabía mejor que él que eso no era factible. Pero entonces, ¿cuál era el objetivo real de esa tragedia que no llegó el 1-O?
Plan A: Artículo 155 el 7-S y reculada victimista a elecciones.
Plan B: Tragedia el 1-O y reculada victimista a elecciones.
Para la cúpula convergente esa violencia era otra baza para conseguir aparecer como víctimas y retornar victoriosos a la política autonómica durante décadas, como reconoce la propia Elsa Artadi. Puigdemont, en cualquier otro desenlace, perdería el poder.
El procés acababa porque ya no había más casillas en el tablero y ya había cumplido su objetivo: el enfado por la crisis de 2008 y por la corrupción estaban amortizados y la antigua primera línea política responsable, jubilada. El nacionalcatolicismo catalán dispondría de un escenario reivindicativo y victimista ilimitado que podría asegurarles 20 años más de control de la Menjadora. El éxito se prometía rotundo para el procés y así fue.
Pero el futuro de Puigdemont no era tan claro. Solo si se producía suficiente violencia durante la intervención de los cuerpos de seguridad podría el mártir Puigdemont evitar la cárcel y seguir al frente del post-procés. Por eso ignoró todas las propuestas de Madrid para evitar enfrentamientos el 1-O ([3][4][5]). Puigdemont sabía además que la Guardia Civil no podía evitar la ocupación de los colegios el día anterior, por orden judicial. Creía que había conseguido el Armageddon que le había de salvar.
Sin embargo, el plan B también falla: el Gobierno vuelve a no reaccionar como esperan y la actuación policial del 1-O resulta la ya habitual en Cataluña (el talante estándar de los Mossos que justificaba Mas contra el 15M) y no impresiona en Europa. Los fieles del procés fueron a votar conforme con la anunciada resistencia pacífica: lógico, porque si el propio president fue incapaz de firmar un sólo papel que le comprometiera, ¿por qué iban ellos a prender fuego a las calles? En contraste, el enorme impacto mediático de las cargas dentro de Cataluña (¡la policía apartando tietes de l'un sol poble!) no hizo más que exacerbar al independentismo de base y al liderato más naif de ERC, que ahora exigían nada menos que una DUI (declaración unilateral de independencia) mediante la huelga de país del 3-O. Todo esto, no hay que olvidarlo, pese a que el propio Junqueras sabía muy bien que estaba engañando a los suyos.
Assange, el socio prófugo del gobierno de Puigdemont caldeó durante semanas el 1-O, pronosticando una "guerra civil" si no se cedía a las exigencias unilaterales del líder independentista. Tweets similares de otro prófugo, E. Snowden, fueron claves al ser extraordinariamente difundidos por redes de bots rusos.
Irónicamente, ese impacto mediático que dinamitó el plan B de Puigdemont había sido impulsado por los canales habituales de fake news que el propio procés había promovido [6][7]. La ola de odio [8] y post-verdad en torno a la respuesta policial (los "1000 heridos" que ningún político visitó en los hospitales) empujó al president a la triste parodia del 10-O, su primera DUI fake, la de los 8 segundos. Nunca aclaró si había declarado o no el fin de la Constitución en Cataluña: Si admitía la fechoría, le procesaban; si la negaba, se iban a elecciones y Junqueras, president. Ambos se acercaban al precipicio y ninguno quería ser el rebelde gallina y saltar primero.
Mientras, se dispara la fuga de sedes de bancos y empresas y la realidad empieza a llover como xirimiri sobre el independentismo.
Cuatro entusiastas cabezas visibles del independentismo en plena efervescencia, 6 días antes de declarar la independencia.
5. El President que no se atrevió a mandar
El resto es bien conocido. Nadie da por buena la DUI suspendida del 10-O y las bases exigen una real. Puigdemont intenta convocar elecciones, pero cada vez manda menos. Además, el día 26 él sabe bien que a) ha cruzado la línea roja para ser procesado y b) que si convoca, Junqueras será president y él un segundón botifler. Por tanto, solo quedan dos opciones. ¿Fugitivo o traidor entre los míos?, dirime Puigdemont. La decisión es fácil: enfrentarse a la justicia no está en su agenda. No creo en los mártires, dice el Mandela impostor. A disgusto, participa en el segundo simulacro de DUI, el del 27 de octubre, donde apenas intercambia palabra con su vicepresidente Junqueras. Es viernes; ambos regresan a sus casas a ver la república por TV3.
Ese fin de semana, Puigdemont anima a todos los consejeros a acudir el lunes al trabajo y hacer realidad la república, mientras él se mete en un maletero y huye a Bélgica. Apreciando riesgo de fuga y reiteración delictiva, el juez dicta prisión preventiva para sus compañeros de aventura.
Los Rebeldes sin Causa en plena rebelión antisistema.
En Rebeldes sin causa, los dos incautos dirigen sus coches a toda velocidad hacia el precipicio, pero a uno de ellos se le encalla la puerta y no puede saltar, terminando la carrera en tragedia. En 2017, a Puigdemont solo se le encalló el orgullo. Sabía bien qu era la mejor opción para él y para Cataluña, se lo explicaron dos expresidentes y decenas de empresarios. Simplemente no quiso saltar primero, como Junqueras. El orgullo les importó más que su libertad, más que las instituciones y más que nuestra democracia.
Así es como llegamos a donde estamos.
Es cierto que los líderes calcularon mal sus opciones y han acabado procesados o huidos. Pero que no haya confusión: para la élite catalana el procés ha sido todo un éxito. El fin último de preservar al nacionalcatolicismo al mando en Cataluña se ha cumplido. Han hecho historia, la de siempre: La misma oligarquía que fundó Òmnium Cultural en pleno franquismo y que transfirió los alcaldes franquistas a Convergència al llegar la democracia, retiene hoy el reparto del dinero público en Cataluña. La maldición de Companys, el maleficio de Banca Catalana, se han repetido. Para evitar que vuelva a suceder, la izquierda catalana debe por fin entender su error atávico de creer compatibles la defensa de los débiles y la división de los débiles.
