En marzo de este año [2021], el empresariado catalán lanzó un ultimátum al independentismo recién reelegido. Bajo el título de ja n’hi ha prou (ya basta) les reclamaron “centrarse en la recuperación”, “responsabilidad política” y un “apoyo total a los cuerpos de seguridad” frente a los “actos vandálicos que comprometen el futuro de Barcelona y de Cataluña”.
Enigmáticamente, los firmantes eran las mismas patronales y cámaras de comercio (Pymec, FemCat, etc. Foment no firmó pero ya había hecho el mismo daño o más) que apenas siete años antes arroparon entusiastas la revolución de Convergència Democràtica de Catalunya y su campaña por el derecho a decidir.
La pregunta obvia para poder entender la última década de Cataluña es, por tanto:
¿Por qué empresarios bien formados y con el dinero como principal meta en la vida apoyaron el predecible harakiri independentista? ¿Por qué se equivocó un sector que rara vez se equivoca en las cuentas? ¿Qué esperaban ganar? La respuesta está clara a estas alturas: ni se equivocaron ni han perdido.
Mayo de 2014. Apoyo empresarial al procés en La Vanguardia.
La respuesta aparecía ya agazapada, por ejemplo, en aquella entrevista de Jordi Évole a Sandro Rosell en 2020 en la que el empresario admitía, a renglón seguido de declararse independentista, que se iría de Cataluña si un día ese proyecto ganase. Évole no profundizó en ello igual que no profundizó en las cloacas de los Pujol en aquella entrevista clave de marzo de 2012, en la que el patriarca se reveló como independentista (se olvidó preguntarle sobre las comisiones de las ITV). Pero Rosell sí estaba siendo claro: La cosa no iba de independencia sino de aparentar desearla, de llorar por ella.
¿Porqué esta impostura empresarial? Pues porque estaba en juego el control total del flujo de dinero público en Cataluña, es decir, el dret a decidir contratas y concursos sin el engorroso control del sistema judicial español. Eso es lo que intentaron tanto el Estatut de 2006 como las leyes de septiembre de 2017. Intentaban regresar al paraíso franquista que disfrutaron muchos de sus padres. Lo que eufemísticamente conocemos como "una mejor financiación para Cataluña". El trágico win-win que desencadenó el procés sobiranista fue que los socios convergentes para esta excitante empresa justo andaban necesitados de tapar urgentemente sus pecados. En 2014, la corrupción era ya el segundo mayor problema para los catalanes y la justicia daba señales de que llegaría hasta el fondo, como con Rato y con Gürtel.
El paraíso de un convergente o un pequeñoburgués catalán nunca ha sido tener su estado, un juguete tan engorroso, complejo y sucio, sino labrarse la impunidad en el que ya tienen. Si algo ha dejado claro esta década es que aquí nadie tiene idea ni interés alguno por saber qué es un estado. Desde la transición, Pujol había dejado muy claro que lo de recaudar impuestos no le rentaba, que lo que anhelaba era controlar el flujo de las subvenciones y los contratos públicos, el río en el que mejor se pesca. Además, con el cuento de "construir la nación", parecería natural que una formación presuntamente liberal como Convergencia no hiciese más que engrosar el gasto público y el pesebrismo. Había que domesticar a TV3, a la cultura, la prensa, la lengua... Hacían falta consells comarcals, diputaciones, vegueries, fundaciones, entes público-privados, sanidad concertada, educación concertada, prensa concertada... Los felices 2000. El gasto 'nacional' crecía como una pirámide Ponzi: cuantos más adeptos cobraban del erario, más capacidad de captar nuevos adeptos, más votos, más escaños y más competencias se conseguían de Madrid para agrandar el comedero. Hasta que en 2012-2014, con la crisis, con las protestas del 15M y con la justicia pidiendo ya explicaciones, la pirámide tocó fondo y tocó ser imaginativos.
La fantasía compartida por convergentes y empresarios era una nueva ‘financiación’ que no rindiera cuentas al gobierno central y que fuera supervisada solo por la justicia local. Eso pretendía el Estatut antes de pasar por el Tribunal Constitucional en 2010 (arts. 97 y 98). Un módico 3%, 4%, 10% aseguraría ganar cualquier concurso sin necesidad de esos pesados controles estatales. Al fin libres de tanto pitufeo y tanto fraccionamiento de contratos, que no saben la de tiempo que consume todo eso. El procés prometía dejar en poca cosa el desmantelamiento y reparto del sistema sanitario que practicó Mas.
Bien, pues ese establishment catalán ha ganado.
Por un lado, a esa élite política tradicionalista representada por JuntsxCat y ERC no le ha ido mal. Ha conseguido estirar diez años más su control sobre la Menjadora (el Comedero de dinero público, aka abrevadero). Pero ojo, porque no aceptarán perder ese control, sus padres, no lo olvidemos, vivían aún mejor con Franco. Para ellos la democracia solo es buena si su bolsa suena. Saldrán del armario totalitario en la medida en que pierdan ese poder. Se aliarán con la ultraderecha española en cuanto les salga rentable, como sucedió en la II República con la Lliga.
Por otro lado, el verdadero motor del procés, el empresariado, también han ganado. Aunque no se hayan librado de la opresión auditora española (porque el Estatut fue recortado), han ganado, de momento, diez años extra en los que su gente sigue repartiendo los 40.000 millones de euros de la Generalitat. Además, estos lo tienen muy claro: Si el negocio se pusiera feo harán como anunciaba Rosell: irse a otra parte, que en todas partes cuecen habas.
Adivinen entonces quién pierde.
Cataluña (y peor: Barcelona) seguirá en declive porque aquí sigue todo tapado por la estelada, sigue sin producirse un debate sobre la educación, ni sobre la privatización sanitaria acometida por los recortes de Mas-Colell, ni sobre cómo conseguir un plan de financiación más transparente para el conjunto del estado, ni sobre cómo incorporar a esa media Cataluña ignorada e insultada por el procés. Seguimos, 10 años después, sin saldar cuentas con nuestros corruptos, esto se ha delegado en el estado mientras se le acusa de perseguir al nacionalismo... Ni los medios locales actúan, anestesiados con subvenciones y publicidad procesista, ni la sociedad civil protesta audiblemente, temerosa de que esos engañabobos les incluyan en su lista de traidores a su causa. Todo lo real se sigue debatiendo y solucionando en otras partes y los catalanes cada vez lo contemplamos desde más atrás.
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