Para salir de la espiral en la que nos han metido hay que entender en qué momento se nos escapó el ‘relato’ a quienes sabíamos que el proyecto nacionalista solo podía conducir a la ruptura de la ley, la división entre catalanes y la violencia que ya asoma la patita. La respuesta es compleja y resbaladiza pero se titula sin duda Dret a Decidir, derecho a decidir.
Varias generaciones de catalanes hemos crecido bajo la presunción del dret d’autodeterminació. Cuestionarlo es tabú y por tanto ni se ha discutido ni hemos oído más explicaciones que la de un supuesto derecho natural colectivo, una unción del poble, una especie de legalidad mágica paralela. Nadie nos ha explicado que los derechos son leyes escritas y aprobadas por órganos legislativos y que los derechos colectivos divinos o innatos no existen, sino que los garantiza una legalidad, la del lugar donde has tenido la suerte (o no) de nacer. Por ejemplo: no naces con el derecho a votar ni a circular por la izquierda, sino que el primer derecho te lo da la ley (española) cuando alcanzas los 18 años. Y el segundo te lo quita también el Estado porque sí, sin ‘fascismos’. Las personas no somos soberanas, no tenemos derecho a decidir porque estamos sometidos al famoso contrato social. Ni siquiera cedemos voluntariamente nuestra soberanía a las instituciones: Nacemos con esa soberanía ya cedida, nos guste o no, aquí y en Suecia. Por eso no podemos independizarnos de nuestra comunidad de vecinos (firmaste un contrato) ni orinar en la acera. Sí puedes formar un partido que defienda que eso es lícito, claro. También puedes votar a un partido que crea que quemar 1035 contenedores es un uso legítimo del derecho de protesta. Pero por fortuna los ayuntamientos tampoco son 'soberanos' y rinden cuentas al poder judicial y al ejecutivo.
Varias generaciones de catalanes hemos crecido bajo la presunción del dret d’autodeterminació. Cuestionarlo es tabú y por tanto ni se ha discutido ni hemos oído más explicaciones que la de un supuesto derecho natural colectivo, una unción del poble, una especie de legalidad mágica paralela. Nadie nos ha explicado que los derechos son leyes escritas y aprobadas por órganos legislativos y que los derechos colectivos divinos o innatos no existen, sino que los garantiza una legalidad, la del lugar donde has tenido la suerte (o no) de nacer. Por ejemplo: no naces con el derecho a votar ni a circular por la izquierda, sino que el primer derecho te lo da la ley (española) cuando alcanzas los 18 años. Y el segundo te lo quita también el Estado porque sí, sin ‘fascismos’. Las personas no somos soberanas, no tenemos derecho a decidir porque estamos sometidos al famoso contrato social. Ni siquiera cedemos voluntariamente nuestra soberanía a las instituciones: Nacemos con esa soberanía ya cedida, nos guste o no, aquí y en Suecia. Por eso no podemos independizarnos de nuestra comunidad de vecinos (firmaste un contrato) ni orinar en la acera. Sí puedes formar un partido que defienda que eso es lícito, claro. También puedes votar a un partido que crea que quemar 1035 contenedores es un uso legítimo del derecho de protesta. Pero por fortuna los ayuntamientos tampoco son 'soberanos' y rinden cuentas al poder judicial y al ejecutivo.
Todo esto pueden parecer perogrulladas, pero es que en el fondo nuestro problema es una profunda falta de cultura democrática que yo no veo ni en otras partes de España ni en gran parte de Europa. Los que hemos crecido con una sensibilidad de izquierdas (es decir, de blindar los derechos de los débiles) no hemos sabido transmitir que si tenemos derecho de huelga, de expresión o de casarnos con alguien de nuestro mismo sexo no es por naturaleza, sino porque muchos (españoles) se mojaron para exigir leyes (españolas).
El derecho de autodeterminación (invento nacionalista que la propia ONU ha tenido que desmentir) nunca ha sido legislado, en ningún país. Ni se le espera, porque justamente contradice el principio de soberanía en que se basa cualquier sistema legal. Por eso tampoco en la “Constitución” de la República Imaginària de Catalunya ni en la Llei de Transitorietat se estableció mecanismo alguno para que las provincias o comarcas de Barcelona y Tarragona se autodeterminaran.
Un independentista estándar te dirá que él también lucha para cambiar la ley, pero si le explicas que para reformar el Estatut necesita dos tercios del Parlament y que si además precisase reformar la Constitución necesitaría dos tercios del Congreso te contestará que eso no pueden y que es injusto porque su poble (pero aquí pueblo ya es la palabra que designa sólo a los fieles, en contraste con ‘ciudadanía’) es soberano. Creen que es soberano porque efectivamente dentro de su ‘poble’ sí alcanzan los dos tercios. Y hasta los ocho novenos, claro!
En definitiva, el pisoteo de las instituciones del independentismo se basa en un ‘derecho’ no se sabe si histórico, natural o divino de un subconjunto mal definido de los catalanes. Ese es el bucle del que la izquierda no ha sabido escapar. La izquierda catalana, particularmente, sigue sin combatir esa terrible interpretación de la “soberanía popular” como el derecho a decidir de cualquiera que se autoerija en ‘pueblo’. Algo propio de la anarquía y de la adolescencia, pero contrario a la Internacional que sabía bien que Ley y Justicia son el arma del débil.
Por eso pienso que un eslabón fatal muy subestimado en la cadena que nos ha traído hasta aquí fue el día en que el nacionalismo arrinconó para siempre a ICV con una declaración de soberanía que anunciaba que el ‘derecho’ pertenecía a su ‘poble’, es decir, a los adeptos al régimen nacionalista. Fue el 23 de enero de 2013. Tampoco el PSC ha sabido explicar bien por qué el pueblo soberano solo puede ser el que pone en ese contrato social del que emana lo que somos: la Constitución. Y tampoco la derecha española, que sí evitó la trampa, ha sabido explicarlo, en su caso por falta palmaria de proyecto y de fe en la política.
Lo que no hemos sabido defender frente a la falacia de la “soberanía del pueblo que yo diga” es que, salvo que queramos una catástrofe, el futuro habrá que construirlo a partir del estatus y la legalidad actuales de un país, España, del cual Cataluña fue cofundadora y por tanto corresponsable. Lo que quiera que fuera Cataluña en el siglo XV o en el XIX, fue parte de ese pacto social tan fructífero que la sacó de la edad media y nos ha hecho una de las regiones más prósperas de Europa. De momento.
Sin duda España ha tenido periodos en los que no parecía valer la pena formar parte de ella, como Cataluña o Alemania. Lo que no se puede es romper unilateralmente un contrato cuando la empresa no funciona. Nos condena al caos por su ilegalidad y por su inmoralidad. Esto es lo que nadie explica con claridad por miedo a ser tachados de ‘fascistas’ por quienes practican o justifican la violencia o derogan nuestras leyes fundamentales (aprobadas por un 86%) para imponer las suyas (47%).
Cuando se explique bien qué ciudadanía tiene derecho a qué y por qué, entonces se entenderá automáticamente por qué el no-referéndum del 1-O fue un profundo ataque a la democracia y por qué el 27-O fue un simulacro de golpe. Y por qué el Dret a Decidir solo pudo conducir al Dreta Decidir. Derecha decidir.
